Mientras se discute si los Chaves, Griñán y compañía deben disfrutar de un indulto que respaldan mayoritariamente nombres del stablishment -las encuestas demuestran que la gente a pie de calle, incluido el votante socialista, es mayoritariamente contraria a aplicarles esta medida de gracia-, un hombre bueno de la iglesia ha fallecido tras una vida entregada a los demás. Monseñor Antonio Ceballos Atienza fue obispo de Cádiz y Ceuta y, repentinamente, se vio implicado y acusado en una de las muchas causas de los ERE provocadas por la mala praxis del Gobierno de la Junta de Andalucía. El prelado gaditano había solicitado 300.000 euros para pagar a los trabajadores del hospital de San Juan de Dios, transformado entonces en residencia geriátrica. Como se puede leer en las hemerotecas, monseñor Ceballos sufrió un desgaste emocional y físico palpable por aquel sufrimiento del que salió jurídicamente indemne. Pero su salud se vio afectada de tal manera que aquel lamentable episodio judicial lo mermó aun más de lo que ya se encontraba. "He estado a punto de comparecer ante el otro juez, el juez de la Tierra y el Cielo que es Jesucristo, y con la misma sinceridad y transparencia comparezco hoy ante usted", fue una de las frases con las que se dirigió a la juez, sentado en el banquillo, como un reo, acusado ante la posibilidad de haber practicado tráfico de influencias. Por entonces tenía ya 82 años.
La sentencia puso finalmente las cosas en su lugar cuando, entre otras lapidarias conclusiones, la justicia consideró que monseñor Ceballos, en su calidad de obispo, había sido más una víctima que un culpable en aquel caso en el que la juez además recordó en su dictamen que Antonio Ceballos había declarado su "debilidad por los pobres, enfermos y parados".
Ahora que el obispo nacido jiennense pero que quiso ser enterrado en Cádiz ha muerto, llegan las muestras de condolencia de todos los lugares, muchas palabras salidas del corazón de miles de fieles y otras que solo son ripios y puros formalismos de quienes quieren cumplir protocolariamente. En algunos casos, como el Ayuntamiento de Cádiz, ni siquiera eso. ¡Qué falta de tacto, pero sobre todo, de justicia, a secas y poética, ante lo sucedido!
Los políticos que provocaron los desmanes y el descontrol de tantos millones de euros con el caso de los ERE y su entramado deberían pedir perdón públicamente a tanta gente a la que causaron daño, por mucho que dediquen su tiempo completo a justificarse e ir por los medios de comunicación defendiendo, con un concepto bastante maquiavélico del asunto, que lo que hicieron fue por el bien común, esperando si un puñado de varios miles de firmas los salvan de terminar con sus huesos en la cárcel.
Mientras el bueno de Ceballos se consumía en estos últimos años en la única celda que le correspondía, que era la de su modestísimo hogar de las hermanitas de los pobres, algunos de los que ahora ruegan el perdón judicial se han dedicado a presentar libros escritos desde el victimismo y a recorrer espacios donde gimotear y vender una nueva estrategia eximidora de culpa.
Que no se olvide nunca todo esto.