El Ayuntamiento de Madrid padece
un grave problema desde la misma noche en la que ocurrieron los hechos de Arena. Era previsible que el juez imputara a
Pedro Calvo en la investigación recién iniciada, sólo un ingenuo podría pensar que el Consistorio madrileño no tiene relación alguna con lo sucedido... o un político o técnicos a su dictado que quieran zafarse de una manifiesta responsabilidad cuyo grado deberá marca la justicia.
A los oprobiosos hechos acaecidos en el recinto se suman las sonrojantes actitudes de los días posteriores, porque la única conclusión que hasta ahora puede extraerse es que todos los implicados mienten cada vez que hablan, a lo que se suma el omnipresente enfrentamiento del Ayuntamiento madrileño con el innecesario poder autonómico y viceversa. La alcaldesa ocultó las inadecuadas condiciones de seguridad del local, el edil recién imputado hizo la vista gorda sobre las obligaciones de las empresas con los pagos a la Seguridad Social y otras cuitas pendientes con el fisco, y el vicealcalde de la Villa tiene el cerco cada vez más estrechado conforme se avanza en las investigaciones sobre su relaciones con el empresario organizador del espectáculo que terminó en tragedia.
De dimisiones se sigue sin hablar. ¿Por cuánto tiempo ante la asfixia que a los implicados les provoca un ovillo paulatinamente desmadejado y que deja el descubierto el olor de la corrupción que ya podemos calificar de asesina en este caso?
