Era de prever. Las novedades con respecto al auto del juez Baltasar Garzón y su competencia para acometer los presumibles delitos cometidos en las víctimas de la represión franquista se hicieron ayer notar en el segundo y último día de las I Jornadas de Exhumación de Fosas que la Diputación de Cádiz celebra desde el jueves en Grazalema, con la colaboración de otras entidades y la CGT.
De hecho, los matriculados en las jornadas trataban de tener en sus manos el auto del magistrado de la Audiencia Nacional desde primera hora de la mañana y la propia organización entregó copias por la tarde, junto con las conclusiones de las exhumaciones de La fosa de las mujeres, explicadas el día anterior, tal y como publicó les detallé en este blog y recogieron las páginas del periódico Información, único que ha prestado a estas jornadas la relevancia que merecen.
La presencia en Grazalema de José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, vino a suponer un golpe de efecto para las jornadas. Horas después de conocerse la competencia de Garzón, un prestigioso componente del Supremo, articulista de varios medios como El País y conocedor del funcionamiento del sistema judicial con detalle, se encontraba frente a medio centenar de participantes en las jornadas para hablar preciosamente de la eficacia de la Ley de la Memoria Histórica. Si se hubiera calculado intencionadamente, no hubiera tenido el impacto de su disertación, una charla en la que defendió en toda regla la legitimidad del juez de la Audencia Nacional para personarse en los casos y actuar, a pesar de los sectores que se muestran contrarios a ello.
“Elementos rebeldes”
Martín Pallín recordó que los primeros pasos que emprende Garzón respecto a la memoria histórica se remontan a diciembre de 2006, tratando de rechazar con ello la idea de que “al juez se le haya ocurrido ahora actuar”, y en su auto se especifican actuaciones cometidas por los acusados “como desapariciones forzosas, detenciones ilegales y ejecuciones extrajudiciales, crímenes de lesa humanidad para los que tiene capacidad de intervención”.
El magistrado aporta un dato aún más esclarecedor al indicar que la modificación del Código Penal del año 1988 especifica claramente que la Audiencia Nacional es competente porque “seguirá conociendo los delitos de asesinatos terroristas y elementos rebeldes”, indicando Martín Pallín que “el golpe de 1936 fue una rebelión militar, por lo que el delito existe y así lo declaró las propias Naciones Unidas en 1946, cuando condenó al régimen franquista al catalogarlo textualmente de sistema nacido de una rebelión militar auspiciada por el nazismo alemán y el fascismo italiano”.
Consideró además el emérito del Tribunal Supremo la necesidad de catalogar la acción franquista como “genocidio. Relacionar este término con persecución étnica no es correcto. En el caso de la Alemania nazi sí fue así, pero se han dado matanzas en Guatemala, Perú, Argentina, en los que no influye el componente racional aunque lo hayan pretendido justificar así en los dos primeros estados, cuando en realidad se protegía a quienes se disponían bajo las aldeas militarizadas independientemente de que fueran quechuas o aimaras. Por ello -aseveró el disertador-, en España se dio una persecución política y religiosa similar a Argentina, se superó el concepto étnico y es, simplemente, genocidio”.
Regresando al auto de Garzón, y preguntado sobre lo que puede suceder a partir de ahora, afirmó esperar que “el Ministerio Fiscal al menos no sea obstruccionista”, y explicó que cabe la posibilidad de que lo impugne. “En este caso, el Pleno estudiaría la impugnación y tres magistrados tendrían que decidir. Siempre es posible que Garzón pueda acudir al Tribunal Constitucional, pero veremos qué sucede”.
Los casos de Extremadura
Cayetano Ibarra Barroso es coordinador del Proyecto para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Junta de Extremadura. Su amplia experiencia en este campo y en la exhumación de fosas vino a aportar a las jornadas en la segunda conferencia de ayer viernes información sobre la metodología empleada en esta comunidad con respecto al descubrimiento de fosas “en una región en la que, posiblemente en cada ciudad, exista una”, indicó.No tuvo reparos en afirmar que “los que no están de acuerdo con actuar bajo la Ley de la Memoria Histórica es posible que sean defensores de golpes como el del 23-F”, y mostró imágenes de poblaciones con monumentos -mausoleos, cruces, etc.- donde constan nombres y fechas de muertos, “construidos por el régimen franquista para recordar a sus víctimas, todas localizadas, con placas embellecidas, mientras las familias republicanas no saben ni donde hallar los restos de los cuerpos de sus antepasados. Si todos los nombres hubieran constado en los monumentos, hoy no estaríamos aquí hablando de memoria histórica”.
Ibarra recordó los inicios de las exhumaciones como hechos que se remontan en el tiempo, iniciativas de los propios habitantes de pueblos como los del Valle de la Serena, en la provincia de Badajoz, donde hace años se exhumaron cuatro fosas. Mostró una ilustrativa diapositiva del grupo vecinal alrededor de un féretro repleto de huesos hallados en aquella excavación popular. Asimismo, dio paso a imágenes proyectadas de elementos empleados para las prospecciones sobre terrenos susceptibles de ser encontradas fosas, y explicó el protocolo seguido desde su equipo: la investigación documental, el testimonio oral, localización, solicitud de permisos para actuar, prospección de la zona, excavación, exhumación y, finalmente, la identificación de cadáveres, como el caso de Casimiro Sánchez Núñez, alcalde de Barrado, ejecutado el 25 de octubre de 1936, “cuyo rescate de sus restos en la fosa donde se hallaba nos ha costado mucho porque no nos lo permitían y hace un mes se honró su memoria en un acto al que asistió uno de los padres de la Constitución Española, Gregorio Peces Barba".
Miles de cuerpos cubiertos por cal viva
Una mesa redonda celebrada en la tarde de ayer sirvió para clausurar las jornadas de exhumación. En ella, resultó de especial interés la intervención de Sebastián Fernández López, que hizo un detallado repaso por las exhumaciones que ha dirigido en el cementerio de San Rafael de Málaga iniciadas hace justamente dos años, donde se produjeron en su tapia fusilamentos hasta alcanzar el número de 4.371 fechados desde los años 30 a 1951. De ellos, 2.450 han sido encontrados en las fosas. La relación de nombres ha sido enviada recientemente al juez Garzón. Los asesinados fueron hacinados en seis niveles de fosas y sus cuerpos recubiertos de cal viva. Uno de ellos hizo un intento de huir. Su cuerpo colgaba de los filos de la fosa cuando fue hallado.
Pioneros en Villafranca
Por su parte, Santiago Macías, vicepresidente de la Asociación Memoria Histórica de León, detalló su experiencia en la localidad leonesa de Villafranca del Bierzo, donde se llevó a cabo la primera exhumación con medios técnicos. Macías lo califica como “lugar de peregrinaje incluso” en años difíciles “tras el regreso del miedo con el golpe de Estado de Tejero en 1981”. Asegura que más de 40.000 personas se han puesto en contacto con la organización para aportar datos o mostrar interés, “evidenciado con la recuperación física de los desaparecidos”.
Las fosas de El Bosque
El arqueólogo de la Junta de Andalucía Alfonso Pando puso en las jornadas un ejemplo de acuerdo entre administraciones para acometer las exhumaciones de fosas, llevadas a cabo concretamente en la localidad gaditana de El Bosque. La Consejería de Cultura le envió a actuar desde aquel 12 de enero de 2004, “fecha que no se me olvidará jamás, cuando aparecí con mi compañera de trabajo Virginia Pinto y nos esperaban decenas de vecinos en el cementerio, queriendo recuperar los restos de sus familiares”.
Sabían de la existencia de la fosa común en el camposanto de El Bosque. Sus habitantes impidieron que las máquinas actuaran para construir más nichos sobre el lugar donde se suponía se hallaba la fosa. Tras las prospecciones, encontraron restos humanos en dos zanjas. Un vecino de 91 años, José Vázquez, fue clave al ofrecer información. Se extrajeron finalmente fragmentos de 13 cuerpos rociados de cal viva.
La curiosa coincidencia entre Pozuelo de Zarzón y Cádiz
El caso del cementerio de la localidad cacereña de Pozuelo de Zarzón es curiosamente muy similar al del camposanto de la capital gaditana. El conferenciante Cayetano Ibarra explicaba, ofreciendo la imagen de la puerta de acceso a la necrópolis de aquella localidad, que la alcaldesa del Partido Popular, Cristina Tomé, presentó el proyecto para habilitar una gran zona verde en este lugar, trasladando los restos de las cuarteladas existentes. Antes de aquellas obras, los responsables del Proyecto para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura acordaron una cita con la primera edil para solicitarle que “previo a que usted meta sus máquinas, deje que nosotros actuemos con las nuestras”, con la firme intención de rescatar los restos de víctimas represaliadas existentes en el subsuelo. La alcaldesa permitió estos trabajos.
En Cádiz, Teófila Martínez tiene prevista una gran zona verde en el cementerio de San José. garantiza que la empresa Cemabasa será la que extraiga todo lo que halle, tanto en superficie como debajo de ella, pero una hija de un fusilado que se encuentra en el lugar dijo ayer que le ha comunicado que no podrán estar presentes en las exhumaciones. Ibarra le alentó a que luche para que eso suceda.
FOTOS: 1.- Cayetano Ibarra explica detalles sobre restos hallados en una fosa. 2.- Las exhumaciones son hechos que se han llevado a cabo hace ya décadas por iniciativa de los propios habitantes de algunas localidades. 3.- El magistrado José Antonio Martín, durante su disertación.
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