La noticia saltaba hoy en los medios de comunicación, pero a tenor de la reacción mostrada por los responsables políticos de la Delegación Provincial de Justicia en Cádiz, con Blanca Alcántara a la cabeza, parece que el problema no van con ellos.Quienes ayer denunciaban que en esta provincia existen casi seis mil sentencias sin ejecutar en los cinco juzgados de lo Penal y una abrumadora saturación de trabajo, así como la necesidad de la urgente puesta en funcionamiento de tres salas más, no es un bedel que pasaba por delante de la puerta del aseo que usan los magistrados de la segunda planta del Palacio de Justicia, con todos los respetos al honorable funcionario. Es nada menos que Nuria Orellana, la decana de los jueces, tras una no menos importante Junta de Jueces celebrada el lunes.
La situación de los juzgados de lo Penal en Cádiz es un reflejo de muchas otras en el territorio nacional, pero cada palo debe aguantar su vela y Blanca Alcántara la suya, que es defender a los magistrados y apoyar con hechos sus reivindicaciones.
No sabemos qué es lo que piensa la delegada porque, sorprendentemente, a mi redactora de Provincia le han dicho esta mañana que "hasta este miércoles" no habrá, si acaso, declaraciones sobre el rosario de preocupantes y graves datos ofrecidos ayer por Orellana. Es decir, que tras la exposición de motivos de los jueces, los que tienen la oportunidad de paliar esta sonrojante situación dicen que hasta dentro de 48 horas no hay tu tía. Debe ser el tiempo necesario para inventar excusas. Sea como fuere, me resulta injustificado que las alarmantes situaciones expuestas por la juez decana no tengan réplica inmediata, para reconocer lo que sucede o dar soluciones. El silencio en este caso dice mucho. Alcántara y con ella la Junta de Andalucía tendrá además que contestar mañana no sólo a lo expuesto por Orellana, sino también por Ángeles Ayuso, la Fiscal Jefe, que se ha solidarizado con la Junta de Jueces, proponiendo además un reparto territorial de los juicios más equilibrado que el actual, entre otros asuntos.
Los juzgados de lo Penal de Cádiz están pasando por un periodo inédito en cuanto a saturación de trabajo se refiere. Los jueces de las cinco salas existentes en la provincia se reunían con el objetivo de analizar la situación que sufre la justicia en Cádiz y que afecta tanto a los titulares de los tribunales como al funcionariado y a los ciudadanos. De hecho, un solo dato ya pone en antecedente todo lo que se extrajo como conclusión tras la reunión de la Junta de Jueces: los cinco juzgados de lo Penal de Cádiz acumulan 6.596 sentencias pendientes de ejecutar. A partir de ese guarismo, todo lo demás puede entenderse y debe solucionarse.
La juez decana de Cádiz, Nuria Orellana, fue ayer contundente al explicar a este periódico -tras la reunión de los magistrados de lo Penal- que los cinco juzgados actuales absorben los casos penales con un ámbito de actuación muy amplio, cubriendo Cádiz, San Fernando, Chiclana, El Puerto de Santa María, Puerto Real, Medina Sidonia, Conil, Barbate, Rota, Sanlúcar, Chipiona y Trebujena, lo que da una idea de los miles de ciudadanos que pueden hacer uso de las citadas salas.Orellana detalla que el Consejo General del Poder Judicial establece un módulo de entrada de 450 procesos abreviados al año por cada juzgado, cifra que choca frontalmente -asevera la juez decana- con el trabajo acumulado actual en los juzgados gaditanos, que en el primer trimestre de 2008 han registrado una media de 200 asuntos cada uno. Ello supone que, sólo en los tres primeros meses del año, se ha alcanzado el 45 por ciento del módulo de entrada previsto. Siguiendo esta tendencia y según asevera Orellana, “estamos hablando de unos cuatro mil casos nuevos al año, alrededor de ochocientos por juzgado”. De hecho, resulta significativa la diferencia entre los casos que se abordaron en el pasado ejercicio y las previsiones del actual. En 2007, se contabilizaron 2.587 nuevos casos.
A juicio de Orellana, la preocupación entre los magistrados de lo Penal es el elevado número de ejecutorias pendientes. Los cinco juzgados de Cádiz acumulan 6.596 sentencias pendientes de ejecutar.
Ante la saturación de casos y la situación de la plantilla, la Junta de Jueces ha acordado formular cuatro exigencias primordiales: reclamar la apertura de tres juzgados de lo Penal nuevos, dos de ellos “de manera inminente” y otro, en proyección; ampliación de la plantilla de los actuales juzgados en dos funcionarios más por cada uno de ellos; cobertura de bajas con rapidez, preparando con cursos de formación al personal funcionario que carezca de la debida formación como se están dando casos. Orellana lo explica afirmando que “muchos vienen sin conocer nada del proceso, les enseñamos y cuando ya adquieren conocimientos, se marchan a otras plazas”. En esa línea, piden a la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Justicia, que cree un plan de choque para el refuerzo de los funcionarios y que se establezcan sistemas informáticos modernos y conectados con el resto de juzgados. Estas reclamaciones de los jueces de lo Penal serán elevadas tanto al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como a la Junta de Andalucía.
Los magistrados también reflexionaron en su reunión de ayer sobre el papel jugado por el juez del caso Mariluz, con el que aseguran han practicado “una actitud de acoso y derribo hacia el compañero”.
La juez decana también indicó que los jueces habían recabado datos hasta llegar a la conclusión de que el 82,5 por ciento de la plantilla del personal que trabaja en los cinco juzgados de lo Penal es interino. “Se trata de unas salas con una gran carga de trabajo, que no resultan atractivas para los funcionarios con plaza”, indica Orellana, lo que provoca que la mayoría de la plantilla no sea fija y exista una discontinuidad en el personal que perjudica el ritmo de trabajo en los tribunales.
A este hecho se suma otro que los magistrados decidieron dar a conocer este lunes: la inexistencia de un sistema informático adecuado. “El que tenemos en los juzgados está obsoleto y caduco -señala la juez decana-, que ni siquiera cuenta con las conexiones necesarias entre los distintos juzgados y retrasa mucho la labor administrativa que debemos llevar a cabo”.
Finalmente, me gustaría reflexionar sobre un aspecto en concreto. La asunción de competencias por parte de las administraciones autonómicas se ha convertido en un paso crucial para dinamizar las intervenciones de gobierno en España. En un asentado sistema de autonomías, los ejecutivos regionales adquieren los derechos y teóricamente los recursos para gestionar las tareas que antaño eran desempeñadas por el Gobierno central. La descentralización de la Justicia se llevó a efecto en Andalucía hace ya años, pero en ocasiones aparecen conflictos que dejan perplejos a los ciudadanos, que pueden llegar a dudar, peligrosamente, de un sistema que permite que la gestión competencial se convierta en una torre de Babel. En este sentido, basta con exponer lo que ayer explicaba Nuria Orellana a Información Cádiz. La juez decana lamentó profundamente la falta de competencias de los jueces sobre el cuerpo de funcionarios de los juzgados. “Sin ir más lejos -expone la magistrada-, el secretario de un juzgado depende del Ministerio de Justicia; y sin embargo, los funcionarios de la Junta de Andalucía. De esta manera lo único que podemos exigir es una reforma legislativa en toda regla que defina las competencias de los jueces sobre el personal funcionario que tiene a su cargo”, con el objetivo de evitar una burocratización que es justo lo contrario a aquellos objetivos para agilizar la administración.
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